El consumo de gas natural ha crecido en los últimos años. En España es ya la principal fuente de generación eléctrica y se prevé una tendencia al alza para los próximos años. El cada vez mayor gasto de energía y la necesidad de no depender tanto del petróleo juegan a su favor. Además, sus defensores señalan que contamina menos que el petróleo (emite menos gases de efecto invernadero o GEI).
Por ello, las empresas del sector buscan todos los yacimientos posibles, incluidos los no convencionales. Una de las técnicas para acceder a estas reservas menos accesibles es el denominado "fracking" o "hydro-fracking" (fractura hidráulica). EE.UU., con extracciones en 32 estados, es el principal país del mundo en utilizarlo (su producción no convencional supone casi la mitad del total).
El sistema utiliza varios miles de litros de agua mezclados con productos químicos y arena, que se inyectan a alta presión en los yacimientos encerrados en roca densa del subsuelo profundo para liberar el gas natural.
Un artículo de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ofrece pruebas de contaminación del agua potable por metano asociadas a este tipo de extracción. Sus autores, un equipo de la Universidad de Duke, analizaron 68 pozos de agua subterránea en cinco condados de Pensilvania y Nueva York. Por su parte, un estudio de la Universidad de Cornell apunta que el proceso global del frackingproduce más GEI de lo que se esperaba (el metano es más potente que el CO2).
El Comité de la Cámara de Servicios Financieros de EE.UU. (una institución de la Cámara de Representantes) indica en un informe que se utilizan sustancias muy tóxicas como el benceno y el plomo. Veintinueve de los productos químicos son probados o posibles carcinógenos humanos, según la Ley de Agua Potable, y se encuentran en la lista de contaminantes peligrosos de la Ley de Aire Limpio, indica el informe.
La cuestión ha suscitado incluso un documental, Gasland (ver video), que muestra las reacciones de ciudadanos afectados frente a las posibles consecuencias.
La industria del sector niega que sea una amenaza para el medio ambiente o la salud pública y solicita más estudios. La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), dependiente del Gobierno estadounidense, trabaja en un informe cuyos resultados no se esperan hasta 2012. El estado de Nueva York ha bloqueado la controvertida prácticaen espera de sus conclusiones.
